A
partir de algunas informaciones que son tan conocidas y resultan tan evidentes
que pueden llevarnos a equivocación, proponemos a continuación algunas
preguntas cuya intención no es la de cuestionar un sistema de formación
profesional que funciona bien (especialmente, si se compara con otros niveles
educativos), sino la de mejorar sus mecanismos para hacerlo más efectivo y
eficiente.
1.
Sobre los títulos y la correspondencia con el
mercado de trabajo.
El
sistema de Formación Profesional Inicial está dividido entre formación reglada
y no reglada, orientado a dos públicos distintos, con una variedad y amplitud de oferta de títulos y cualificaciones
profesionales.
¿Son
suficientes las cualificaciones existentes? ¿Cuántas de ellas necesitan
actualización? ¿Es posible regular administrativamente un calendario de
actualización? ¿Podrían los agentes sociales disponer comisiones permanentes
para adecuar las cualificaciones a los cambios organizativos, tecnológicos,
derivados de la digitalización, que están sucediendo en el sistema productivo?
2.
Sobre la formación profesional inicial del
sistema educativo.
Es
un sistema fruto del consenso, entre
partidos políticos y consenso entre los principales agentes sociales, patronal
y sindicatos mayoritarios: la Ley de las Cualificaciones y la Formación
Profesional es la única ley educativa de los últimos cincuenta años que no ha sido
cuestionada ni derogada.
¿Sigue vigente
este consenso? ¿Puede que normas de rango menor como la que regula la formación
profesional básica o la introducción de la formación dual hayan alterado dicho
consenso? ¿Puede que las políticas de formación de algunas comunidades
autónomas vayan más allá del mismo y estén diseñando su propia política de
cualificación de país?
a.
Es un sistema
escolar, promovido, gestionado y financiado por las administraciones
educativas, y no dejará de serlo mientras no haya otros agentes que promuevan,
gestionen y financien.
¿Tiene
viabilidad la introducción de una modalidad de formación dual que sigue siendo
de base escolar, porque es promovida desde las administraciones educativas,
encargada a los IES? ¿Debiera haber mayor implicación empresarial tanto en la
demanda como en el diseño y la financiación de la modalidad dual de formación?
¿Qué efectos tendrá este modalidad sobre el alumnado que no la pueda cursar?
b.
Siendo escolar, el sistema productivo tiene un gran margen de decisión en su
configuración. Patronal y sindicatos integran las comisiones que deciden los
títulos y sus currículos, los perfiles profesionales y las competencias que los
integran; y participan de la formación en centros de trabajo.
¿Es admisible
que hoy en día el sistema productivo responsabilice al sistema educativo de
falta de adecuación a sus necesidades?
c.
Siendo escolar, tiene un componente importante de
formación práctica, la Formación en Centros de Trabajo,
obligatoria y que, sin alterar el sistema, podría tener mayor peso en el
conjunto del currículo.
¿Sería más
sencillo ampliar la carga lectiva y horaria del módulo de FCT en lugar de poner
el empeño en una modalidad dual de formación más compleja de articular y menos
universalizable?
d.
Cuenta con un profesorado innovador y bien cualificado, abierto a las novedades,
implicado en la participación en proyectos europeos, interesado en la utilización
de las tecnologías en la enseñanza, atento a la evolución del sistema
productivo, conocedor del mundo del trabajo.
¿Qué
reconocimiento puede darse a toda la actividad de innovación que realizan el
profesorado y los centros de FP mediante su participación en proyectos europeos
y en proyectos emprendedores? ¿Para cuándo una publicación periódica que
desempeñe en la FP un papel semejante al que Cuadernos de Pedagogía o Aula de
innovación educativa han desempeñado en otros niveles del sistema educativo?
e.
Es una formación
exigente, tanto por los requisitos de acceso (el GESO para Grado Medio y el
Bachillerato para Grado Superior) como por la especialización del contenido
(más de 160 títulos diferenciados).
¿Qué podría
hacerse para evitar el abandono de la formación profesional, especialmente en
Grado Medio? ¿Podrían ponerse restricciones a las políticas de empleo para
limitar la contratación de jóvenes sin cualificación?
3.
El subsistema de formación para el empleo integra
la oferta de cualificación para personas desempleadas y para la población
activa ocupada, y es una oferta
especializada pero inestable,
con variaciones anuales y una planificación demasiado a corto plazo. Puede responder a las demandas del sistema
productivo mejor que el sistema formal.
¿Es posible
planificar a medio plazo la oferta formativa, dándole una mínima estabilidad y
garantías de continuidad; a la vez que se mantenga una planificación a corto
plazo a demanda de empresas o asociaciones empresariales? ¿Es posible conocer
la oferta formativa con antelación suficiente para que tanto profesionales de
la orientación como jóvenes en busca de formación puedan disponer de esa
información y poder hacer una planificación de carrera no azarosa?
a.
Está financiado por fuentes variadas y variables:
administración, empresas, sindicatos, municipios, entidades sin ánimo de lucro,
Fondo Social Europeo, … lo que da lugar a una plantilla inestable.
¿Cómo
aprovechar el capital humano que participa del mercado de la formación para el
empleo de modo que disfrute de una suficiente garantía de continuidad para
invertir a su vez en formación continua?
b.
El papel de las prácticas no laborales en la
formación está débilmente reconocido y desvinculado
de los contratos para la formación y el aprendizaje, que apenas son utilizados
y, cuando lo son, con frecuencia no cumplen con el objeto preferente del
contrato.
¿Cuándo
dispondrá la administración de empleo las medidas necesarias para poder conocer
y evaluar el impacto formativo de estos contratos? ¿Qué se puede hacer para que
estos contratos sean el eje, y no la excepción, de una posible formación dual
con su raíz en el sistema productivo y no el educativo?
Fernando Marhuenda
Catedrático de Didáctica y Organización Escolar
Universitat de València
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